Criterio
Soluciones claras para escenarios jurídicos complejos.
Firma colombiana · Desde 2019
Acompañamos a empresas, instituciones y personas en decisiones jurídicas complejas con criterio, precisión y visión de largo plazo.
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Rigor que genera confianza
Mendoza Rodríguez Abogados es una firma colombiana que integra formación académica, capacidad crítica y experiencia práctica para resolver asuntos jurídicos de alta complejidad.
Trabajamos de manera colaborativa, cercana y transparente. Nuestra asesoría combina análisis normativo y jurisprudencial con una comprensión profunda de los objetivos de cada cliente.
Soluciones claras para escenarios jurídicos complejos.
Rigor técnico en cada concepto, actuación y estrategia.
Relaciones profesionales construidas sobre la confianza.
Áreas de práctica
Experiencia multidisciplinaria
Áreas conectadas por una misma forma de trabajar: rigor, estrategia y comprensión del contexto de cada cliente.
Acompañamiento integral en títulos, proyectos, licenciamiento, cumplimiento y relacionamiento institucional.
Explorar áreaRepresentación estratégica en controversias civiles, comerciales, administrativas y arbitrales.
Explorar áreaDecisiones societarias, contractuales y empresariales respaldadas por asesoría jurídica rigurosa.
Explorar áreaPrevención, defensa y gestión de actuaciones ante autoridades administrativas.
Explorar áreaConsultoría laboral, relaciones de trabajo y representación en conflictos individuales y colectivos.
Explorar áreaPrevención y resolución de controversias contractuales y extracontractuales.
Explorar áreaSoluciones jurídicas sensibles para familias, patrimonios y procedimientos notariales.
Explorar áreaRecuperación estratégica de obligaciones mediante gestión extrajudicial, negociación y procesos ejecutivos.
Explorar áreaReclamación integral de daños antijurídicos causados por acciones u omisiones de entidades públicas.
Explorar áreaEstructuración y ejecución de inversiones, adquisiciones, ventas y reorganizaciones empresariales.
Explorar áreaEquipo
Talento y responsabilidad
Un equipo con experiencia en distintas ramas del derecho, comprometido con la ética, la excelencia y los objetivos de nuestros clientes.
Socio
Socio
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Clientes
Relaciones que generan confianza
Organizaciones de distintos sectores han encontrado en Mendoza Rodríguez un aliado jurídico para acompañar sus decisiones, operaciones y desafíos más relevantes.















Actualidad jurídica
Conocimiento que orienta
Más recienteLa Resolución 3461 de 2025 redefinió la conformación y el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral, estableció términos concretos y separó la ruta conciliatoria del acoso laboral de la atención no conciliable del acoso sexual.
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La Ley 2466 de 2025 reforzó la responsabilidad solidaria y los límites de la intermediación laboral. La autonomía del contratista debe existir en la operación real y no solamente en el contrato comercial.
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La Ley 2466 de 2025 estableció el contrato indefinido como regla general y limitó a cuatro años la duración total de los contratos a término fijo.
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La regulación amplió los tipos de evaluaciones obligatorias, fijó reglas para retorno y postincapacidad y reforzó la reserva de la historia clínica ocupacional.
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La Ley 2381 de 2024 continúa sometida a control constitucional. Mientras se define su validez, el régimen general de la Ley 100 permanece vigente, con excepciones expresamente preservadas por la Corte.
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Las Resoluciones 15 y 4806 de 2026 actualizaron el umbral económico y las tasas aplicables al control previo de integraciones empresariales. El análisis debe hacerse antes de firmar y cerrar la operación.
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La Resolución 2261 de 2026 amplió los mecanismos para acreditar respaldo financiero y estableció nuevas reglas para propuestas de concesión y solicitudes de cesión de derechos o de áreas.
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La Ley 2540 de 2025 permite tramitar procesos ejecutivos ante tribunales arbitrales cuando existe pacto arbitral. Las empresas deben revisar sus contratos, títulos ejecutivos y estrategias de recuperación de cartera.
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La Circular Externa 100-000021 de 2026 unificó los reportes periódicos que deben presentar las empresas de factoring vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
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El Ministerio de Salud adoptó dos políticas nacionales con horizonte a 2035. Las instituciones deben integrar resultados clínicos, seguridad, trato digno, comunicación y experiencia del paciente en una misma estrategia de mejoramiento.
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El Decreto 720 de 2026 permite a los inspectores ordenar medidas preventivas inmediatas frente a riesgos graves, violencia, discriminación o vulneraciones de derechos fundamentales.
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El incremento del salario mínimo para 2026 continúa vigente. El empleador debe mantener los valores actuales en nómina, prestaciones y seguridad social.
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El Decreto 0742 de 2026 convirtió el cierre minero en una etapa obligatoria del proyecto e integró responsabilidades técnicas, ambientales, sociales, laborales y financieras.
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La Resolución 868 de 2026 adoptó los Términos de Referencia (TDR-032) para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de pequeña minería.
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Supersociedades adoptó una nueva Circular Básica Jurídica que actualiza las reglas sobre administradores, reuniones, conflictos de interés, reorganizaciones societarias y sistemas de cumplimiento.
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La Sentencia T-193 de 2026 examina la relación entre la facultad de decidir anticipadamente, el deber de valoración probatoria y el derecho a impugnar. La celeridad procesal es legítima, pero no puede operar en detrimento del debido proceso ni de la justicia material.
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La validación tributaria de una factura no demuestra por sí sola su aceptación comercial. La Corte Suprema unificó los requisitos que deben acreditarse para ejercer la acción cambiaria.
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La Superintendencia de Sociedades reiteró que una negociación de acciones debe respetar el derecho de preferencia y las restricciones estatutarias. Firmar el contrato y pagar el precio no siempre basta para adquirir válidamente la condición de accionista.
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Supersociedades precisó el deber de revelar las estructuras de control y los grupos empresariales en el registro mercantil de cada sociedad vinculada.
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La flexibilidad estatutaria de la SAS no permite repartir utilidades cuando las pérdidas anteriores han reducido el patrimonio neto por debajo del capital social.
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La inscripción y renovación en el RUCOM permite acreditar la comercialización autorizada de minerales. Comprar a proveedores no habilitados puede generar riesgos regulatorios, contractuales y reputacionales.
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La ley estatutaria creó una estructura judicial especializada para los conflictos agrarios y rurales. Su implementación será gradual y todavía requiere la regulación ordinaria del procedimiento y las competencias.
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La Sala Civil sancionó a un abogado que presentó normas y precedentes apócrifos generados con inteligencia artificial. La tecnología no reemplaza el deber profesional de verificar cada fuente.
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El Decreto 0042 de 2026 reorganizó el Sistema Nacional de Conciliación, fortaleció los mecanismos comunitarios y fijó reglas de acceso, tarifas, gratuidad y atención virtual.
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